El Consejo de Ministros aprobará hoy mismo el nuevo impuesto digital y el de transacciones financieras, conocidos como la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’. Este nuevo tributo prevé recaudar 2.050 millones de euros, según las cifras que maneja el Ministerio de Hacienda.
Así, España toma la delantera en las negociaciones que encabeza la OCDE para diseñar un impuesto global. Pero, ante las fuertes presiones que provienen de EE UU, país que ya ha amenazado con aranceles a los países que graven a sus tecnológicas, el Ejecutivo ha decido aplazar el cobro de este gravamen hasta diciembre de este año, cuando la OCDE prevé tener lista su propuesta.
El acuerdo de Gobierno que sellaron las formaciones de PSOE y Unidas Podemos incluía la aprobación de ambos impuestos, con los que el Gobierno espera recaudar unos 2.050 millones de euros (1.200 millones con el impuesto digital y 850 millones con el de transacciones financieras).
¿En que consisten las nuevas tasas?
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o ‘tasa Google’, consiste en un gravamen que tendrán que pagar las empresas con ingresos anuales totales de 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
Mientras que la ‘tasa Tobin’ es un impuesto a las transacciones financieras, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
Tanto la deuda pública como la privada y los derivados financieros se quedarán excluidos de este nuevo impuesto. Se une a países como Francia, Italia y Bélgica ya tienen figuras similares, y la UE ha puesto en marcha un grupo de trabajo para intentar armonizar los gravámenes nacionales y evitar competencia fiscal entre Estados.
Esta medida que propone el Ejecutivo, está en sintonía con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravando el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
Tiene como objetivo que grandes plataformas tecnológicas como Google o Facebook tributen en los países donde hacen negocio en lugar de desviar sus beneficios a paraísos fiscales o a territorios con baja fiscalidad.
El Gobierno defiende la creación de este gravamen como medida de apoyo al pequeño comercio frente a grandes empresas internacionales que realizan ciertas actividades digitales que no tributan en España, pues la legislación en materia fiscal en este ámbito es muy ambigua y no les afecta.
De esta forma, el Gobierno de coalición considera oportuno este impuesto como respuesta a esta situación, desde la que creen que se está produciendo competencia desleal especialmente hacia el pequeño comercio.
EE.UU. se niega a aceptar estos nuevos gravámenes
La Administración Trump ha amenazado con nuevas tasas comerciales sobre los automóviles si se lleva adelante con el proyecto impulsado por la Unión Europea acerca del impuesto digital, – con este impuesto se vería seriamente amenazado el dominio mundial estadounidense en la industria tecnológica – que de momento está parado tras fracasar las negociaciones entre Estados miembros.
Parece ser que las presiones de EE.UU. han surgido efecto, puesto que Francia ya puso en marcha el impuesto, e incluso llegó a cobrarlo, pero decidió congelar los pagos hasta finales de año como respuesta a la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles del 100% a productos como el vino.
Ahora se suma el Gobierno español, cuando la vicepresidenta Nadia Calviño, anunció que el cobro del impuesto no se producirá hasta finales de año, aunque trató de matizar que “no se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de una liquidación a final de año”.
