El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, que ha sido enviado al Senado para completar su tramitación, con 261 votos a favor, entre los que se encuentran los de PP y Ciudadanos, 55 en contra y 33 abstenciones.
En concreto, el proyecto ha sido aprobado en su votación final por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, el PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Foro Asturias.
Por su parte, ERC, PNV, EH-Bildu, PDeCAT y Junts se han abstenido, mientras que Vox y la CUP han votado en contra.
La norma, que sustituye a la Ley de Telecomunicaciones de 2014, servirá para adaptar la normativa española al Código de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea (UE) de 2018.
Según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado, el proyecto de ley incorpora «nuevas medidas para incentivar e impulsar» las inversiones en el sector de las telecomunicaciones.
Entre ellas, introduce mejoras para «facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad» como una regulación más flexible, el impulso a la compartición de infraestructuras pasivas (antenas) o la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells).
Además, a ella se ha incorporado las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea, que permitirá más coordinación entre administraciones.
Infraestructuras transfronterizas
La norma introduce que por primera vez los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deban realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales.
Asimismo, establece un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes se produzca en territorio español y un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP), además de permitir recabar información de los Centros de Procesos de Datos (CPD).
Respecto a las disposiciones destinadas al usuario, se limita la duración de los contratos a 24 meses, se introducen nuevos derechos en las portabilidades y se incorpora una reforma del servicio universal, con la introducción del acceso a internet de banda ancha y una velocidad mínima de 10 Mbps, pero «se prevé su incremento a 30 Mbps».
Entre sus novedades, además, también se encuentra una ampliación de las funcionalidades de las comunicaciones de emergencias del 112, con la posibilidad de implementar un sistema de alertas público.
Cabinas como puntos de conexión
En el caso de las cabinas telefónicas, cuya desaparición preveía el proyecto que envió el Gobierno al Congreso, el texto contempla ahora la posibilidad de reconvertirlos y darles una nueva vida como puntos de conexión a Internet o de envío y recogida de paquetería.
Otra de las novedades que se han introducido en el proyecto es la creación de una comisión que evitará la paralización de proyectos por los problemas de competencias o que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) incluirá en sus registros los servicios de mensajería sin numeración, como WhatsApp, y emitirá informes sobre el mercado en un plazo menor al actual.
Asimismo, se habilita a las administraciones públicas a prestar directamente servicios de telecomunicaciones, además de instalar, desplegar y explotar redes sin la necesidad de hacerlo de la mano de otra sociedad, como venía sucediendo hasta ahora.
