Hace ya bastante tiempo que, lejos de considerarlos verdaderos gurús en sus temáticas, notamos que la opinión de los influencers tiene cada vez menos peso en los usuarios. Tenemos que sumarle, a esto, el recorte a su libertad -o libertinaje- de las leyes.
Es que con la entrada en vigor de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado, hay obligaciones que tendrán los influencers para crear contenido, y que intentan hacerlos más confiables para el público.
Por supuesto, el principal objetivo de la nueva normativa es que esa celebridad con muchos seguidores no pueda influenciar negativamente a quienes confían en ella, en esos posteos donde muchas veces se mezcla información contrastada con opiniones o «canjes», como se conoce en la jerga a la publicidad encubierta de productos o servicios.
El fin, evitar los abusos de poder
Dado que por su notoriedad los influencers ejercen cierto poder sobre quienes les siguen, las autoridades pretenden que estas nuevas legislaciones eviten esos abusos, y regulen completamente todos los contenidos que son subidos a las redes sin su contrastación.
En este sentido, la ley reconoce el impacto social y económico que producen las personas con cientos y miles de seguidores, y por eso se realizará una especie de registro para influencers, bajo la órbita de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Entre las obligaciones expresadas están las de crear contenidos que respeten toda dignidad humana, que no vayan contra los valores constitucionales, y que promuevan imágenes no estereotipadas, lo que suele redundar en problemas de salud o alimentarios.
¿Te parece bien que se «controle» lo que suben los influencers en la nueva ley?
