Sonia Chacón Peinado ha sido nombrada nueva directora de comunicación del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la organización que acoge a uno de cada tres letrados en España.
Chacón, que realizó estudios de Periodismo en EADE; y cuenta con un Máster en Investigación en Comunicación Periodística en la UMA, y un MBA en ESESA, cuenta con una dilatada carrera profesional que ha girado alrededor de la docencia, la comunicación empresarial e institucional y los medios de comunicación. Además, posee altos conocimientos y experiencia en la creación, dinamización y monitorización de comunidades digitales y herramientas de comunicación innovadoras con especial atención a la escucha activa y el Big Data.
De esta manera, fue socia fundadora de Media Esfera Comunicación y Marketing Digital; ejerció como profesora de ESESA; y fue jefa de prensa de la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En el ámbito de los medios de comunicación, ha sido periodista en los informativos de COPE Málaga y ABC.
Para Sonia, supone “un gran reto asumir la Comunicación estratégica del CNLAJ que aglutina a 1.500 Letrados de la Administración de Justicia de este país”, a lo que ha añadido que se trata de “ una comunicación eficiente y la representación de los intereses de los miembros de este Cuerpo superior jurídico del Estado como máxima”.
Acerca del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia es una corporación profesional de ámbito nacional y de funcionamiento asociativo. Miembro de la Unión Europea de Rechtsplfleger (Secretarios Judiciales de Europa) EUR, ostentando la vicepresidencia; miembro de FEDECA como parte de su junta directiva; patrono de la Fundación de la Real Academia española de jurisprudencia y legislación; y representado por su Presidente, vocal de la Comisión general de codificación.
Está formado por cerca de 1.500 miembros, unidos en la defensa de sus intereses profesionales y la realización de actividades que contribuyan a la consecución de una Administración de Justicia en plenitud de garantías, ágil, transparente, eficaz y democrática y acorde, por tanto, con el Estado social y democrático de Derecho que nuestra Constitución propugna.
